VIDEOS: PRUEBA Y ARGUMENTACIÓN TEORÍA Y PRÁCTICA, 2a Edición.
Los estudios de la decisión probatoria desde la perspectiva del razonamiento jurídico han experimentado un desarrollo notable. Al calor de la teoría de la argumentación se han realizado importantes estudios epistemológicos que -superando las concepciones de la prueba más optimistas e irreales del juicio sobre los hechos, pero también las más subjetivistas y escépticas- han insistido en la fisonomía probabilística que dicho juicio reviste y, por tanto, en la posibilidad de error, pero también en la posibilidad (y necesidad) de reconstruirlo como un espacio de razones.
Los estudios de la decisión probatoria desde la perspectiva del razonamiento jurídico han experimentado un desarrollo notable. Al calor de la teoría de la argumentación se han realizado importantes estudios epistemológicos que -superando las concepciones de la prueba más optimistas e irreales del juicio sobre los hechos, pero también las más subjetivistas y escépticas- han insistido en la fisonomía probabilística que dicho juicio reviste y, por tanto, en la posibilidad de error, pero también en la posibilidad (y necesidad) de reconstruirlo como un espacio de razones. Unas razones que no garantizan una verdad procesal concluyente o indubitable sino solo probable, pero por eso mismo argumentable y controlable. De hecho, al calor de estos análisis epistemológicos se han ensayado modelos probabilísticos de decisión y motivación que proporcionan criterios racionales para guiar esa argumentación.
Como sucede con toda teoría relevante, también la de la prueba tiene un indudable alcance práctico. El análisis teórico de la prueba (sea en su dimensión propiamente epistémica de búsqueda de la verdad, sea en su dimensión institucional de defensa de los derechos y otros valores) nos ayuda a perfilar el significado y alcance de los principales conceptos e instituciones probatorias, y de este modo nos permite criticar su funcionamiento real y promover ciertas interpretaciones y prácticas en detrimento de otras. Y todo ello al servicio de un fin práctico esencial: evitar en lo posible los errores judiciales y la quiebra de los derechos.
DURACIÓN:
63 horas. 9 semanas.18 sesiones de tres y cuatro horas.